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Boletín de prensa 7 de febrero de 2011
EL TIEMPO
HABRÁ CAMBIOS EN LA LEY DE VÍCTIMAS APROBADA EN LA CÁMARA
Los liberales quieren que la reparación arranque desde 1983.
Sufrirá modificaciones de fondo en el Senado y generará un amplio debate.
El martes en una reunión de los seis ponentes de esta iniciativa en la Comisión Primera del Senado, los partidos darán a conocer las modificaciones que pretenden y se dará la primera puja.
Los liberales insistirán en que la fecha de retroactividad para que los afectados se puedan acoger a la norma sea 1983. "Queremos que cubra la mayor parte de la década en la que la violencia tuvo gran impulso, como el surgimiento de los 'paras', cosa en la que el Gobierno está de acuerdo", dijo el senador Juan Fernando Cristo, coordinador de ponentes.
También quieren que una sola institución centralice toda la política de reparación y que haya medidas de protección para las víctimas.
Pero 'la U' insistirá en que se revise la viabilidad fiscal de la ley y que en lo atinente a los desplazados solo se acoja a los que han tenido que migrar por la violencia. Insisten en que debe quedar claro que quien se acoja a la indemnización administrativa debe descartar la judicial.
Según el senador Roy Barreras, 'la U' pedirá que el encargado de ejecutar esta ley sea un organismo en el que además del Gobierno estén entes de control y delegados de las víctimas.
En lo que tiene que ver con tierras, 'la U' pedirá doble instancia para los procesos de restitución. "Estas extras nos pueden servir para ir adelantando el debate", señaló Barreras.
Recomendaciones de la ONU
Protección y coordinación, las peticiones
Dos recomendacio- nes básicas les hizo el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia a los ponentes de Senado de la ley de víctimas.
En principio, la ONU les solicitó que se garantice la protección a las víctimas en todo el proceso de restitución de tierras.
También pidió que haya una detallada coordinación de las entidades que participarán en la reparación, para facilitar el proceso a los afectados.
LA CONSTITUCIÓN 20 AÑOS DESPUÉS
Camilo González Posso
La Asamblea Constituyente consagró un pacto de paz en 1991, cuya esencia sigue vigente.
El 4 de febrero de 1991 se instaló la Asamblea, que después de cinco meses aprobó la actual Constitución Política de Colombia. Desde diversas orillas se coincidió en calificar el acontecimiento como "una revolución pacífica", tal como señaló la Corte Suprema de Justicia en el trascendental pronunciamiento que la declaró soberana y le cambió el nombre de Asamblea Constitucional, aprobado en las elecciones de mayo de 1990 y en el pacto político que firmamos -Gobierno, partidos tradicionales, Congreso de la República, AD M19- para convocarla. A partir de ese pronunciamiento asumió definitivamente el carácter de Constituyente.
En realidad, el proceso constituyente fue un acontecimiento extraordinario, proclamado como pacto de paz para el siglo XXI con el encargo de darle contenido a un Estado Social de Derecho y a la democracia de participación. En la segunda mitad de los años 80 se desencadenó el movimiento social y político que culminaría el 4 de julio de 1991 con la firma de la nueva Constitución.
Como en todo movimiento social profundo, en este confluyeron fuerzas e intereses de diverso signo buscando una salida a décadas de violencia generalizada y conflictos armados y a la crisis de las instituciones, que algunos calificaron como colapso parcial del Estado. Desde finales del Frente Nacional se habló de constituyente, pequeña para los herederos del pacto bipartidista y grande para los demás. La resonancia del conflicto armado interno y de la guerra de las mafias, con los carteles de Medellín y Cali a la cabeza, transformó la crisis crónica en ingobernabilidad, en medio de bombas, genocidios y magnicidios. Y fue en ese contexto en que se abrió paso la necesidad de un nuevo pacto de refundación del Estado para enrutar al país hacia la paz por el camino de la democracia y los principios de solidaridad, justicia social y vigencia de los derechos humanos.
Se pueden hacer muchas lecturas del significado del pacto constituyente de 1991, pero sin duda lo más importante fue la determinación de construir el Estado Social de Derecho y una nueva democracia como la llave para la paz en Colombia. Así se prefiguró la misión de la Constituyente desde los diálogos de paz en 1984 y quedó señalado en los documentos firmados en las mesas de diálogo nacional para los acuerdos de paz con el M19 en 1989. Ese fue el sentido de la séptima papeleta, incubada en el Comité Proconstituyente y en el movimiento estudiantil, y desde esta perspectiva logró la aprobación formal con 5 millones de votos en las elecciones presidenciales de mayo de 1990.
Al hacer el balance 20 años después podemos decir que la esencia del pacto de paz consagrado por la Asamblea Constituyente en 1991 continúa vigente, aunque la tarea se haya quedado a mitad de camino. Los partidarios de la 'pax' como resultado de triunfos militares y de un Estado autoritario no dejaron de conspirar y actuar en estos 20 años. Las Farc perdieron en el Caguán la oportunidad de entrar a ese gran pacto y han quedado entrampadas en la guerra. Los instrumentos más avanzados de la Constitución del 91 han estado y están en la mira de la contrarreforma. Pero con toda la maraña de contradicciones, el viejo dilema sigue en pie: o refundamos este país con democracia y equidad o lo refunda la antidemocracia legal e ilegal con su reparto del botín.
EL ESPECTADOR
APRUEBAN PROYECTO PARA QUE DESPLAZADOS RETORNEN A SUS LUGARES DE ORIGEN
Las personas en esa condición podrán utilizar subsidios de vivienda en cualquier parte del país.
El Cabildo Distrital aprobó el proyecto de acuerdo que busca que los desplazados que se encuentran en Bogotá y sean beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda que les otorga la Nación, puedan acceder a esa ayuda y utilizarla para radicarse en cualquier parte del país, inclusive en sus lugares de origen.
Este beneficio es asignado a los hogares que ya tienen el subsidio del Gobierno Nacional por un monto de hasta 25 salarios mínimos legales vigentes.
El proyecto permitirá que las familias desplazadas que se encuentran radicadas en la ciudad, y que han sido o resulten beneficiadas con el subsidio complementario distrital de vivienda, puedan utilizar esos recursos para la adquisición de vivienda, nueva o usada, en cualquier parte del país.
La iniciativa pasó a sanción del alcalde Samuel Moreno Rojas.
EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Reemplazando sofás
Por: Mario Morales
Va a ser difícil creerle esta vez al mininterior Vargas Lleras la supresión del Consejo Superior de la Judicatura luego del escándalo por el presunto carrusel de nombramientos de magistrados auxiliares.
Y no sólo porque magistrados niegan ese carrusel, o por el discurso repetitivo del ministro y gobierno Santos con su reforma a la Justicia, o porque no se sabe si tienen apoyo y herramientas jurídicas para hacerla.
La incredulidad nace del abuso de la estrategia de anunciar, sin más, cierres, liquidaciones e intervenciones cada vez que se descubre o amplifica un escándalo de corrupción, negligencia o discapacidad de una entidad o funcionario, todo con el fin de desviar el debate profundo e inmediato.
Así pasó con las CAR, cuya reforma de raíz fue anunciada con bombos y platillos, en pleno invierno, incluso con proyecto de decreto, antes de la ‘patrasiada’ presidencial al descubrir en la puerta del horno que era inconstitucional.
Pasó con la “liquidación” de Fondelibertad, que luego, con aguas más calmas, fue reemplazada por “renuncia” del director e intervención. Algo similar, con la Dirección de Estupefacientes. Para no hablar de la supresión del DAS, reclamada por Santos, para atemperar ánimos, desde cuando era mindefensa, pero contradicha con la ratificación de su director.
Y es que ese legado de “papas calientes” del anterior gobierno (¿seguirán Inpec, Inco, Banco Agrario, Ingeominas?) puso contra las cuerdas a la comunicación política de Santos y sus asesores, quienes, inhabilitados para poner el espejo retrovisor, recurren a la estrategia de sustitución, mediante el empleo de tácticas de choque, que no niegan las razones del escándalo y, en busca de la adhesión popular, optan por la seductora “tierra arrasada” (cerrar, liquidar), y de plantear nuevas leyes e instituciones en tiempo futuro indeterminado y a veces improbable.
Queda a cambio un entorno de subinformación en el que los hechos y responsables del escándalo son desplazados del epicentro del debate por promesas y proyectos en condicional.
“Reemplazados” los sofás del escarnio, doña opinión pública recobra confianza y cree que el mejor de los caminos es estar refundando el Estado.
ELNUEVO SIGLO
CONSTITUYENTE, VISIÓN Y REALIDADES
A 20 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente aumentan los balances y análisis sobre los resultados que en las últimas dos décadas ha producido la Carta Fundamental de 1991. De las distintas interpretaciones y ópticas se puede deducir que, más allá de la eterna incertidumbre en torno de si el vaso está medio lleno o medio vacío, la Constitución evidencia su eficacia y vigencia en el hecho mismo de que el Estado Social de Derecho que dio a luz continúa siendo un conjunto institucional viable y capaz, pese a sus falencias, de fijar las reglas del juego para el diario vivir de todos los colombianos y su supervivencia como Nación. Aunque ha sufrido más de una veintena de modificaciones, unas de menor impacto y otras que apuntaron peligrosamente a romper sus vértebras fundamentales y cláusulas pétreas, como es el caso de la traumática figura de la reelección presidencial inmediata, la Carta sigue ratificándose como un marco normativo superior funcional y moderno.
Concebida y proclamada como un Tratado de Paz, en los términos del filósofo y pensador italiano Norberto Bobbio, los críticos de la Constitución señalan que la persistencia del conflicto armado interno y de otros factores generadores de violencia ponen sobre el tapete su principal defecto. Sin embargo, esa conclusión termina siendo demasiado simplista, en la medida en que la paz va más allá del silencio de los fusiles y entra en el terreno amplio de la vigencia de los derechos fundamentales, ya sean individuales o colectivos.
Bajo la actual Carta muchos de éstos pasaron de ser meras enunciaciones a tener mecanismos para asegurar su respeto o, por lo menos, la exigencia de su cumplimiento. Y para ello ha sido clave un conjunto de figuras e instituciones que comienzan, obviamente, desde la acción de tutela pero se adentran en el papel cumplido a lo largo de dos décadas por la jurisprudencia garantista de la Corte Constitucional, la Fiscalía, la independencia de poderes, la autonomía del Banco de la República, la descentralización administrativa y la suma de múltiples entidades, mecanismos y normas creadas o desarrolladas para volver al colombiano cada vez más un sujeto de derechos pero también de deberes.
Claro, falta mucho camino por recorrer y persisten no pocas carencias y desigualdades de distinto tipo. La Carta no era una panacea mágica. Los mismos constituyentes del 91 advirtieron que su desarrollo y aterrizaje no sería fácil y requeriría de tiempo pero sobre todo de voluntad política de largo plazo y sentido colectivo para romper poco a poco actitudes anacrónicas enquistadas en las instancias de poder como la politiquería, el desgreño administrativo, la corrupción y otras talanqueras del statu quo que impedían una mayor redistribución del ingreso, inclusión social y reivindicación de derechos políticos, sociales, económicos e institucionales.
Cada vez que se habla de las fallas del ordenamiento constitucional se parte de lugares comunes como los problemas funcionales de la Comisión Nacional de Televisión o el papel del Consejo Superior de la Judicatura, pero los análisis deben ir más allá y abordar asuntos de fondo como el débil desarrollo de los mecanismos de participación popular, el lastre de la sobreproducción legislativa, las zonas grises en materia de facultades y límites jurisdiccionales, el no desarrollo del estatuto territorial, el perfil cortoplacista y coyuntural -e incluso personalista- de muchas reformas a la Carta, la persistencia de la tramitología, la debilidad de los controles anticorrupción en los poderes públicos y unos nichos institucionales anquilosados que no permiten avanzar más rápido hacia el ideal de un Estado más garantista y eficiente.
Dos décadas después de que la Asamblea Constituyente más plural e inclusiva de la historia republicana iniciara sesiones en pos de darle al país una nueva bitácora de derechos y obligaciones en nivel individual, colectivo e institucional, que sacara a la Nación del sendero de inviabilidad en que la violencia indiscriminada y la crisis generalizada la habían sumido, la Constitución de 1991 sigue demostrando su vigencia y modernidad. Es un marco normativo aún joven y pendiente de muchos desarrollos más que ajustes de fondo, aunque es indudable que sí requiere algunos. La mayoría de quienes le dieron vida así lo indican y su opinión debe ser valorada en su justa dimensión.
CORTE ESTUDIARÁ POSIBLE DISCRIMINACIÓN CONTRA OPOSICIÓN
El Tribunal Constitucional revisará proceso de elección de los dignatarios de comisiones legislativas para aber si hay partidos que fueron tenidos en cuenta.
La controversia que se había desatado desde el año pasado por cuenta de la no inclusión de la oposición en comisiones legislativas, como por ejemplo, la de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la de Relaciones Exteriores, será resuelta por la Corte Constitucional esta semana.
El alto Tribunal analizará desde este miércoles una demanda de inexequibilidad contra el aparte de la ley 5ª de 1992 o reglamento del Congreso, que trata sobre la elección de la mesa directiva en las comisiones constitucionales y legales.
“Tratándose de Comisiones Constitucionales Permanentes y Comisiones Legales habrá un Presidente y un Vicepresidente, elegido por mayoría cada uno separadamente y sin que pertenezcan al mismo partido o movimiento político”, dice el aparte demandado.
La demanda argumenta que dicho parágrafo vulnera el artículo 112 de la Constitución, “porque ésta al establecer el derecho de las minorías representadas en el Congreso a participar en las mesas directivas de sus comisiones constitucionales y legales, se refiere de manera exclusiva a los partidos de oposición y no a los partidos que hacen o forman coalición con el partido o los partidos de Gobierno”.
El artículo 112 de la Constitución, el cual hace parte del capítulo del estatuto de la oposición, reza: “(…) los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos. Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia”.
La demandante manifiesta que “la confusión deliberada que se presenta en la demanda entre partido minoritario y partido de oposición, se refuerza al argumentar que los partidos minoritarios que no son opositores y que, por tanto, a juicio de la actora están en la coalición, tienen una clara ventaja respecto de los partidos minoritarios que pertenecen a la oposición.
En la interpretación de la Constitución también hizo parte el procurador Alejandro Ordóñez, quien en su concepto rendido, se mostró partidario de que son los partidos minoritarios los que deben hacer parte de las mesas directivas de los cuerpos colegiados y no sólo la oposición.
“(La demanda) adiciona la Carta, al imponer una condición inexistente a los movimientos y partidos minoritarios con personería jurídica: que pertenezcan a la oposición. Esta condición añadida parte de la base de que los movimientos y partidos minoritarios representados en el Congreso sólo tienen dos opciones: o forman parte de la coalición del gobierno, o están en la oposición. Tal base corresponde a una simplificación inadmisible, pues es posible que un partido minoritario no haga parte de la coalición del gobierno y tampoco esté en la oposición, sino que al momento de votar algunas materias participe de la primera, en otras de la segunda y en las demás ni de una ni de la otra”, dice el concepto del procurador, rendido a finales de agosto del 2010.
“De otra parte – añade la Procuraduría - la oposición no siempre corresponde a un partido o movimiento minoritario. Puede darse el caso hipotético de que un partido tenga más curules en una Cámara que los demás partidos, pero menos que las curules de varios de ellos reunidos. En ese caso, si no se une a la coalición mayoritaria, podría convertirse en un partido de oposición, sin que por ello sea un partido minoritario”.
A esta controversia se le suma la sentencia donde por la vía de lo contencioso administrativo (ver recuadro) se anuló la conformación de la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado, período 2008 – 2009, por no haberse incluido a los partidos de la oposición en ella. Dicho fallo podría ser tenido en cuenta por la Corte Constitucional a la hora de fallar la demanda de inexequibilidad.
Fallo del Consejo de Estado
El 14 de septiembre del 2009 el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional del Senado del período 2008-2009, por considerar que no se permitió la participación de los miembros de la oposición.
El alto Tribunal dictaminó que “siempre que en una corporación exista representación de partidos y movimientos con personería jurídica que se hayan declarado en la oposición al gobierno, en cumplimiento al mandato constitucional, deberá forzosamente dársele participación en la mesa directiva al menos a uno de ellos, sin importar que sea la presidencia o la vicepresidencia, salvo que se dicte una ley estatutaria”.
Los expertos opinan
Frente a la controversia de la interpretación sobre si la ley Quinta se refiere a partidos minoritarios o de oposición, se han manifestado algunos expertos constitucionalistas.
El ex presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, ha dicho que la interpretación más sensata es aquella que le da a la oposición la característica de minoría.
“Me parece que la interpretación más razonable es la que considera que por minoría hay que entender al partido que se haya declarado en oposición, porque los partidos que hacen parte de la coalición no son minorías, sino Gobierno”, dijo el ex presidente del Polo Democrático.
El también ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, también se mostró de acuerdo con que las minorías a las que se refiere la Constitución son la oposición.
REVISTA SEMANA
Si viene el juez Garzón, yo lo voy a vigilar
María Jimena Duzán
El procurador Alejandro Ordóñez, bastante más delgado y con más canas, habló entre otras cosas de su intención al pedir investigar a los miembros del M-19 que participaron en la toma del Palacio e insinuó que no descarta buscar reelegirse.
MARÍA JIMENA DUZÁN: Le voy a preguntar por una decisión que usted tomó esta semana y que ha recibido muchas críticas: la de pedir que se investigue a los miembros del M-19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia. ¿No estará usted desconociendo una amnistía que se pactó con ese grupo y el Estado colombiano?
ALEJANDRO ORDÓÑEZ: Antes de responderle, déjeme decirle que yo soy políticamente incorrecto. Gozo con la incorrección. Sin embargo, quiero decirle que a mí me están criticando por un tema que en realidad no es novedoso, ni siquiera original. En noviembre del año pasado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá asumió esa posición y yo lo que hice fue sumarme a lo que esa sala dijo en ese momento. El Tribunal concluyó que a la luz del nuevo Estatuto de Roma se debería investigar a los miembros del M-19.
M.J.D.: Pero, le repito, por esa vía se puede terminar desconociendo unos acuerdos que se pactaron y que están amparados por la ley.
A.O.: Sí, pero vuelvo y le digo: no es un asunto mío, sino del Estatuto de Roma y de un nuevo orden internacional en materia jurídica que no estaba vigente en el momento en que se firmaron los acuerdos. Según ese nuevo marco, ni las amnistías ni los indultos operan para delitos de lesa humanidad.
M.J.D.: ¿A usted le parece bien que el país acabe con la amnistía que se pactó con el M-19?
A.O.: Sería una tontería revivir ese episodio. Pero, le repito, yo lo único que hice fue plegarme a lo que dijo la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Pero claro, con todo este tema ya mis detractores están diciendo: "Mire, mire, esta es otra prueba del carácter reaccionario del procurador".
M.J.D.: ¡Pobrecito! ...Pero no les falta razón. Por un lado, usted ha pedido la investigación de los guerrilleros del M-19 que participaron en la toma del Palacio, pero por el otro lado ha pedido la absolución de los generales acusados de desaparición forzada.
A.O.: Pero es que son dos cosas distintas. Lo de los militares se ha hecho de acuerdo con las pruebas que tenemos en la Procuraduría y responde a casos puntuales. Eso sí le digo: si esos oficiales llegan a ser encontrados culpables del delito de desaparición forzada, la Procuraduría actuará en concordancia con la justicia. Pero, insisto: si usted investiga, la posición mía no es muy distinta a la que tiene la Fiscalía.
M.J.D.: ¡Pero la Fiscalía condenó al coronel Plazas mientras usted pide su absolución!
A.O.: La invito a que estudie lo que dice la Fiscalía y verá que lo que digo es cierto. Me da la impresión de que están convirtiendo este tema en un problema ideológico, cuando es un tema de tecnicismo judicial. Ahora, si me lo pregunta, yo sí creo que tanto a los guerrilleros del M-19 como a los militares se les debería haber dado una amnistía. Sin embargo, en ese momento la institucionalidad lloró solo por un ojo. Y, como he dicho, la institucionalidad debe llorar por los dos ojos.
M.J.D.: Si es un acto eminentemente jurídico el que usted está haciendo al pedir que se investigue al M-19 por la toma del Palacio, a sabiendas de que hay una amnistía que se pactó con ellos, ¿por qué entre las duras críticas que usted le ha hecho a la posible llegada del juez Garzón como asesor del gobierno Santos está la de que él se metió a revivir el horror que se padeció bajo el franquismo? ¿No está usted cuestionando a Garzón por lo mismo que usted está haciendo en Colombia?
A.O.: Primero, lo de abrir el tema del franquismo no lo digo yo, lo dice el ordenamiento jurídico actual en España. Al juez Baltasar Garzón no solo lo critiqué por eso que usted me dice. Lo critiqué porque no me parece que una persona que tiene tres investigaciones disciplinarias, una de ellas por prevaricato, pueda venir a Colombia a asesorarnos en materia de derechos humanos.
M.J.D.: Pero, al menos, admítame que lo que más le molesta de Garzón no son sus investigaciones disciplinarias, sino su ideología.
A.O.: Pues, para serle sincero, sí. Le confieso que políticamente él no me gusta. Pero entienda también que yo expresé razones de carácter judicial al criticar la posible venida de Garzón a Colombia. Además, su llegada desplazaría a la Procuraduría, que es la institución garante de los derechos fundamentales. Sería un irrespeto con la institución que presido que tengan que venir asesores extranjeros a meterse en el tema de los derechos humanos, cuando para eso estoy yo.
M.J.D.: ¿Le comentó al presidente Santos sus reparos a la posible venida del juez Garzón?
A.O.: Sí, se los comenté personalmente, pero creo que la pelea la tengo perdida, a pesar de que entiendo y respeto sus razones. Me da la impresión de que su llegada es inevitable. Lo que sí le puedo decir es que estaré muy vigilante a los desbordamientos que él pueda cometer. Todo esto lo voy a hacer siendo muy respetuoso de la independencia y de la autonomía.
M.J.D.: Hmmmm… Me huele a que si Garzón viene a Colombia usted se le va a convertir en la piedra en el zapato.
A.O.: Si él se porta bien, no tendrá problemas conmigo. Pero si empieza a hacer un uso mediático de su función judicial que tanto lo caracteriza, es apenas lógico que tengamos ese temor. ¡Él tiene una agenda política! Eso no es un secreto.
M.J.D.: ¿Y cuál es la agenda política de Garzón, según usted?
A.O.: Dejemos así, que ya bastante problemas tengo.
M.J.D.: ¿Pero acaso usted no la tiene también?
A.O.: Reto a mis detractores, que yo mismo he llamado 'mis asesores de imagen', a que analicen mis fallos a ver si encuentran uno solo que no haya sido hecho sobre bases jurídicas.
M.J.D.: Pero no me puede negar que en el tema de la despenalización del aborto, usted y su Procuraduría se han convertido en el adalid de la objeción de conciencia, con lo cual han dejado esta ley en letra muerta. Cada vez son más las instituciones médicas que se niegan a practicar ese tipo de abortos. Fue usted el que acabó con la clínica de Medellín...
A.O.: Pero es que ese tema es extrajurídico. Los apologistas del aborto, que vienen aquí con sus matachos a pararse enfrente de la Procuraduría a gritarme "Monseñor procurador", no analizan debidamente el tema. Ocurre que la sociedad colombiana ha aprendido a sostenerse sobre unos principios y valores que le dan una identidad cultural. Lo que no se dan cuenta estos apologistas del aborto es que estos principios y valores son cristianos. Y que los directores de las clínicas y los maestros de escuela son cristianos. Pero, claro, mis 'asesores de imagen' piensan que la ley del aborto no se aplica por culpa del procurador. ¡Si es que me han tachado hasta de inquisidor!
M.J.D.: Por esa vía nunca se va a aplicar la despenalización del aborto.
A.O.: Es que es un problema sociológico más que jurídico. Puede haber mil sentencias, pero eso no quiere decir que vaya a cambiar esos valores que hacen parte de la cultura colombiana. Ahí hay un problema de colonialismo cultural.
M.J.D.: Ese término se lo he leído en varios de sus libros. En uno de ellos usted insiste en que la doctrina de los derechos humanos es parte de ese colonialismo cultural que se creó en la posguerra, producto del comunismo internacional y del surgimiento de las ONG. Teniendo en cuenta que usted es el garante de los derechos fundamentales de los colombianos, esos escritos causan cierto escozor.
A.O.: Hay una cosa que quiero decirle: a mí, ustedes, los librepensadores, me critican más por lo que pienso que por lo que he hecho. Recuerdo una frase de un amigo que dice que uno es como es y a veces peor. Pero a mí no me pueden criticar por lo que yo piense, por lo que yo diga en clase o por lo que yo haya escrito en los libros. Esa es una libertad que yo tengo que no me la pueden coartar. Entonces, les pido a los librepensadores, a los relativistas, que sean coherentes. A mí no me pueden decir que yo he perseguido a nadie por sus ideas. Ahora, claro que tengo dogmas. Soy un hombre de principios y valores cristianos. Sí. Claro que voy a misa. Sí. Pero nada de eso me inhabilita constitucionalmente para ser un buen funcionario. Eso, por el contrario, es una garantía. Yo tengo limitaciones en el terreno ético.
M.J.D.: En eso estoy de acuerdo. Usted ha tenido actuaciones que han sorprendido hasta a sus críticos más duros. Ha destituido a congresistas, alcaldes, gobernadores. ¿No se arrepiente de haber metido en ese grupo a Piedad Córdoba?
A.O.: Mire, es que las pruebas eran tan contundentes que no había qué hacer. Lo siento por Piedad Córdoba. Además, la Corte me acaba de dar la razón porque le negó una tutela. Mire, yo lo que pretendo es hacer una Procuraduría que le devuelva la confianza en los organismos de control, que haga pedagogía. Y la estoy haciendo.
M.J.D.: Por qué me da la impresión de que cuando usted se refiere a los librepensadores hay un cierto sarcasmo…
A.O.: Es que los que así se llaman a veces son los más sectarios. Macartizan a todo el que no piense como ellos. Yo he sido víctimas de ellos.
M.J.D.: Por último, me quedé con la espinita de saber quiénes son esos detractores que usted llama 'sus asesores de imagen'...
A.O.: No me haga dar nombres, que son todos amigos suyos. Lo único que le digo es que yo gozo con mis detractores. Ya hasta Ramiro Bejarano se cansó de mandarme derechos de petición.
M.J.D.: Espero que usted no vaya a cometer el error de su antecesor y le dé por reelegirse…
A.O.: Cada día trae su afán. Los dos años que llevo me han sacado muchas canas. Me he adelgazado como seis kilos.
M.J.D.: Por la manera como contestó, no me queda duda de que no descarta buscar que lo reelijan...
CARACOL RADIO
JUDICATURA SE REÚNE PARA ANALIZAR DENUNCIAS SOBRE 'CARRUSEL DE MAGISTRADOS'
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, ha convocado para hoy a los magistrados de la corporación con el fin de ofrecer una respuesta frente a las denuncias realizadas por Caracol Radio sobre un presunto ‘carrusel de magistrados auxiliares’.
El magistrado manifestó que se dará una respuesta sobre el porqué se presentó una gran rotación de magistrados auxiliares al interior de varios despachos de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior.
Dentro de los despachos comprometidos está el de José Ovidio Claros, Julia Emma Garzón y Henry Villarraga.
RENUNCIA MAGISTRADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JESAEL GIRALDO
La carta de dimisión fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia aduciendo motivos personales.
Giraldo Castaño negó que la renuncia tenga relación con las denuncias sobre el "carrusel de magistrados" en el Consejo de la Judicatura.
Caracol Radio conoció que el magistrado Jesael Giraldo estaría aspirando a un alto cargo en el gobierno nacional.
RCN RADIO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DESMIENTE CARRUSEL DE NOMBRAMIENTOS
Presidente de Consejo Superior de Judicatura anuncia investigación por presuntas ilegalidades en caso de pensiones
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Angelino Lizcano, aseguró que revisará una a una las prestaciones sociales que reciben los magistrados del tribunal, tras las denuncias de corrupción que se denunciaron en los últimos días.
El magistrado Lizcano dijo en RCN La Radio que no es cierto que exista un carrusel de nombramiento de magistrados, al advertir que dialogó con los miembros del tribunal y que todos negaron dichos señalamientos.
Sin embargo, en nombre de la máxima corporación administradora de justicia, manifestó que se adelantarán las investigaciones respectivas para constatar si se han contratado temporalmente o no a los magistrados, con el fin de facilitarles pensiones por sumas comprendidas entre 15 y 20 millones de pesos.